A estas alturas de curso, tendríamos que poder valorar los presupuestos de la enseñanza en las diferentes Administraciones, pero Ministerio, Junta de Castilla-León y municipios parecen haber acordado prorrogar los presupuestos para saltarse el debate público, mínimo resorte democrático, y meter las tijeras sin ningún tipo de control político y, desde luego, al margen de las necesidades reales de los centros educativos.
En el manifiesto por la Escuela Pública del curso pasado, augurábamos que los recortes producidos supondrían ajustar plantillas, no cubrir bajas, paralizar obras, reducir ayudas para guarderías… Denunciábamos también la renuncia del Ministerio a cofinanciar el 50% a las Comunidades, que dejaría a medias la construcción de escuelas infantiles o los planes para reducir el abandono escolar, y el derroche de dinero público, con la ampliación de conciertos, las subvenciones a universidades privadas o el mantenimiento del profesorado de religión y la igualación de sus condiciones laborales. Nos temíamos que, una vez pasadas las elecciones, dieran más la espalda a la educación pública de esta Comunidad. Por desgracia, se va confirmando esa tendencia.
Han esperado a que pasara el período electoral para, con la excusa de la crisis y por la vía de apremio, sin negociación y sin tener en cuenta las necesidades de los centros, recortar en gastos de energía y en asignaciones para el desarrollo de la docencia, de los laboratorios y de la formación profesional, en un 80%, además de paralizar obras y nuevas construcciones. A su vez, el nuevo Gobierno impone un recorte a los salarios y un aumento de jornada, que se suman a la pérdida del poder adquisitivo del 12% en los 3 últimos años.
A ello se suman los municipios ( el de Valladolid a la cabeza) con declaraciones de los alcaldes de que no habrá dinero para el mantenimiento de los centros, que se confirman ya con el recorte en encendido de la calefacción o el deterioro de elementos que no se vienen reparando (persianas, alumbrado, pintura, barandillas de seguridad, suelos en mal estado,…), y con subida de costes del 15 al 33% y la consiguiente disminución de la demanda en EEII, talleres, aulas creativas,… Los mismos que dicen que “la educación es una prioridad”, pero con competencias educativas en progresivo abandono, son los que paralelamente gastan y nos endeudan con obras de nuevos ricos, cúpulas y puentes, tan caros como innecesarios.
Ahora, los responsables de educación tienen la desvergüenza de reducir ¡en un 80%! las asignaciones comprometidas (imprescindibles para el funcionamiento de los centros), argumentando que los mismos disponen de dinero sobrante de la asignación de marzo, con la que han debido cubrir los gastos realizados hasta la llegada del siguiente plazo, fijada para el 1 de noviembre, pero que aún no había llegado a mitad de mes de diciembre. ¡Pues claro que había dineros en algunos de los centros!. Si no, ¿¡cómo podrían haber funcionado hasta el momento!?. ¡Si incluso han adelantado las becas de los libros, para que las niñas y los niños a los que se las conceden puedan seguir las enseñanzas, y aún no han recibido su importe! También hay centros que tienen que pedir cuotas a las familias destinadas a materiales imprescindibles para que el alumnado pueda seguir las clases! En cualquier caso, ¿hasta cuándo pueden “tirar” los centros con la exigua asignación? Desde luego, no hasta marzo.
También la Universidad ha sufrido un recorte del 10% en sus presupuestos y la reducción de 63 personas de plantilla, a la vez que se subían las tasas académicas en un 5,6% y en un 150 y 240% para la 2ª y 3ª matrícula.
Seguiremos luchando por ampliar los gastos en educación del 4,5 del PIB al 6,5 de la media europea, y para que las administraciones públicas cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la educación pública gratuita y de calidad para todas y para todos, como lo hemos exigido siempre, aunque para ello tengan que gravar con más impuestos a los que más tienen, restablecer lo que, encima, se les “perdona”, perseguir el fraude y la corrupción. Si no es así, quedará más al descubierto, si cabe, que la pretensión final (por mucho que se disfrace de “ahorro anticrisis”) es desmantelar la enseñanza pública, aumentar la segregación con la privatización y, en definitiva, hipotecar el futuro democrático de la sociedad y el desarrollo de este país.
Ante esta situación, el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, compuesto por organizaciones de madres y padres, del profesorado y del alumnado, estará vigilante y dará respuesta a esta tropelía que sufre la educación en general y la enseñanza pública en particular, porque está dispuesta a preservar el derecho inalienable de la educación para todas y todos y en todos los rincones como tiene que garantizar la enseñanza pública.
Por ello llamamos a todos los sectores de la comunidad educativa y a la sociedad en general para que, juntos, engrosemos la marea verde que se va fraguando en todo el estado, un ¡¡BASTA YA!! en defensa de la enseñanza pública.
En Valladolid a 10 de Enero de 2012
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